800 euros de multa a dos niñas de 15 y 17 años por decir: “vergüenza me daría ser policía”

Vergüenza me daría ser policía”. Fue la opinión que manifestaron E.G. y otras cuatro compañeras al ver a un grupo de agentes de la policía española delante de la Delegación del Gobierno español en Galicia ubicada en la Coruña. Tras decir eso, continuaron el camino de vuelta a casa de la manifestación contra la LOMCE que se realizó en la ciudad. Pero, cuando ya había pasado media hora desde que la movilización se había disuelto y cuando las jóvenes habían andado ya varios metros -unos 10 minutos-, cuatro policías se acercaron a ellas -conversaban sentadas en un banco- y, “con una actitud muy intimidatoria” les preguntaron: ¿”A ver, a quién le daría vergüenza ser policía? ¿A ti y a ti? ¡Vamos, a la comisaría!”

Solicitaron sus identificaciones y, sin mediar más palabra, condujeron E.G. y L.T, dos de las cuatro amigas, hasta la comisaría, donde debieron ir sus familias a buscarlas por tratarse de menores de 15 y 17 años respectivamente. “A mi madre le dijeron que yo los había insultado y, de hecho, es eso lo que pone en la denuncia”, por la que le reclaman 400 euros a cada una.

“Estábamos ejerciendo nuestro derecho a expresar una opinión”, dice E.G. en una entrevista con Ser Galiza. La policía española, sin embargo, entiende esto como “una falta de respeto a los agentes y una provocación para que el resto de manifestantes secunde los insultos”, pese a que, como explica la joven, la protesta ya había sido disuelta hacía tiempo.

E.G. está indignada: le gustaría saber si pasaría lo mismo si los policías que se la llevaron detenida se presentaran en una panadería y dijeran , hablando entre ellos, que les daría vergüenza ser panaderos. “Mandaron cuatro agentes para llevar a la comisaría a dos niñas de 15 y 17 años. Iban dos delante y dos detrás, como si fuéramos delincuentes. La gente alucinaba. Una señora hasta dijo que el panorama merecía ser grabado”, continua E.G.

“Les dijeron a nuestros padres que no nos va a constar como antecedente, que sólo es un aviso. Un “aviso” que costará 400 euros a cada familia de estas dos jóvenes y para el cual ellas tienen otra explicación: “Es una falta de respeto a nuestra libertad de expresión porque sólo estábamos exponiendo nuestra opinión. ¿Qué les sienta mal? Es nuestro derecho”.