El ginecólogo peruano llegó a comprar hasta tres trituradoras, una de ellas industrial, para deshacerse de los abortos practicados, algunos de más de 30 semanas de gestación. Según queda de manifiesto en el sumario del caso, una de estas trituradoras estaba situada en la clí­nica TCB…

Detrás de la mesa de recepción de las clientas habí­a una puerta que escondí­auna pila de lavabo y debajo de ésta estaba situado un triturador industrial. Morí­n llegó a declarar que no habí­a comprado ninguna, sino que se la encontró instalada al comprar el local. Según explicó un testigo protegido durante la instrucción, en los casos en los que los abortos ilegales terminaban por la noche, se depositaban los fetos en el congelador y se trituraban al dí­a siguiente para no molestar a los vecinos con el ruido de la máquina. El triturador tení­a capacidad para 400 kilos por hora y pesaba 95 kilos. Era similar al utilizado en mataderos y pescaderí­as.

Pago en efectivo
Morí­n practicó abortos por un precio que oscilaba entre los 350 y los 6.000 euros. Siempre pedí­a que el abono de la intervención se hiciera en efectivo. Es por esto por lo que las auditorí­as nunca revelaban la verdadera cuantí­a que moví­a el peruano y su esposa, Marí­a Luisa, que pasó de ser su paciente a su mayor apoyo.
Antes de hacer negocio en España, Morí­n viví­a en un humilde barrio de Trujillo (Lima). El patrimonio que reunió con la práctica de abortos puede considerarse una pequeña fortuna, ya que los agentes inmobiliarios tasan su casa en 4,2 millones de euros. También tení­a coches de lujo.

Persuadió a menores
A Morí­n se le ha acusado de practicar abortos a niñas de 13 años. También convenció a muchas jóvenes para abortar y a sus madres para que diesen la correspondiente autorización. En el juicio al que se sometió en Madrid en 2010, la madre de una joven llegó a declarar que desconocí­a que su hija estaba embarazada, situación de la que se enteró por una llamada de la clí­nica en la que se le informaba de que sólo faltaba su autorización para que se pudiese practicar el aborto a la menor. Ambas acudieron a la clí­nica y allí­ fue donde la trabajadora social «la convenció de que diera su autorización, porque la niña tení­a poca edad para lo que le habí­a pasado». Ese mismo dí­a la firmó y de forma inmediata le practicaron el aborto a su hija. Otra menor que abortó en una de las clí­nicas de Morí­n reconoció que «firmó por su madre la autorización necesaria». En otros casos, Morí­n llegó a practicar abortos sin rellenar ningún cuestionario ni recibir atención psiquiátrica, según declararon algunas de las pacientes. Las clí­nicas llegaron a generar «turismo abortivo», ya que jóvenes francesas, holandesas o alemanas, que en sus paí­ses no podí­an interrumpir sus embarazos, no tuvieron problemas para hacerlo en uno de los centrosdel polémico doctor Morí­n. Una mujer española también declaró que el Ayuntamiento de Barcelona le pagó un aborto en una de estas clí­nicas.

Fetos de 34 semanas
A Morí­n se le acusa de haber practicado interrupciones del embarazo de hasta 34 semanas de gestación y se calcula que sólo en cuatro años pudo practicar 8.000 abortos.

Otros servicios
Las clí­nicas aprovechaban la ocasión para ofrecer otros servicios a los acompañantes de las mujeres que iban a abortar. Un testigo que fue a abortar con su pareja declaró que también le ofrecieron practicarle una vasectomí­a para «aprovechar» la visita.